Por: Letitia James
A nivel nacional, más de 44 millones de personas deben en conjunto $1.48 billones en préstamos estudiantiles. Estos préstamos brindan una oportunidad esencial para quienes de otra manera no podrían pagar su educación, pero la alta carga de la deuda de los graduados de Nueva York tiene el potencial de arruinar miles de vidas.
Durante los últimos 20 años, los costos de la educación superior (matrícula, vivienda y materiales) se han disparado a más del doble de la tasa de inflación. Al mismo tiempo, las universidades con fines de lucro tratan de captar estudiantes de bajos ingresos con falsas promesas de educación. Cuando las necesidades de ayuda económica se atienden con prácticas abusivas de préstamos y términos e incentivos engañosos, nos enfrentamos a una posible crisis que tiene a los jóvenes en el punto de mira.
Es por eso que, como fiscal general, tomaré acciones legales contra las prácticas engañosas de universidades con fines de lucro y prestamistas y administradores de deudas abusivos. También lucharé para reformar la ley estatal que prohíbe las prácticas engañosas para que sea una herramienta de aplicación más efectiva. Estos serán los primeros pasos importantes para corregir un sistema que afecta a todos los neoyorquinos.
La deuda de préstamos estudiantiles también es un problema de justicia racial. Los estudiantes negros, con menos acceso al capital acumulado, terminan la universidad con una carga de deuda promedio de $7,400 más que los estudiantes blancos. Esa brecha se amplía a medida que los graduados negros piden prestado más dinero para asistir a la universidad y enfrentan mayores intereses acumulados.
Cuatro años después de graduarse, la carga de la deuda promedio para los graduados negros es de $53,000, más del doble que la de los graduados blancos. Además, los graduados universitarios negros e hispanos ganan menos que sus pares blancos en un promedio de aproximadamente $10,000 por año.
En cuanto a las tasas de incumplimiento de pago, estas son más altas para los graduados negros e hispanos en todas las instituciones educativas y los títulos obtenidos, y las más elevadas se encuentran entre los graduados de universidades con fines de lucro.
Como fiscal general, investigaré y tomaré acciones legales contra las prácticas abusivas de préstamos dirigidas a las comunidades negras e hispanas y crearé un formulario de reclamo en línea y una herramienta de evaluación para ayudar a los estudiantes de todos los orígenes que ingresan a la universidad a equilibrar mejor la carga de la deuda futura con las ganancias potenciales.
Con la reciente renuncia del defensor de los prestatarios estudiantiles de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, Seth Frotman, es aún más importante que los fiscales generales apoyen el fortalecimiento y la aplicación de las leyes estatales que protejan a los consumidores.
En su dura carta de renuncia, el Sr. Frotman acusó a la Oficina de proteger los intereses de las grandes compañías financieras y haber fallado intencionalmente en su labor de hacer cumplir las leyes.
Como defensora pública, presenté una nueva legislación para proteger a los veteranos de los abusos de las universidades con fines de lucro. Convoqué un grupo de trabajo que reunió a estudiantes, veteranos, funcionarios electos y líderes académicos para arrojar luz sobre los riesgos que presentan las universidades con fines de lucro y determinar cómo podemos trabajar en todas las disciplinas para que los estudiantes no sean víctimas de sus estafas.
Sin embargo, como fiscal general, iré aún más lejos. Fortaleceré la supervisión del servicio de préstamos estudiantiles y expondré y procesaré a las universidades con fines de lucro que hacen falsas promesas a los neoyorquinos que aspiran a la educación superior.
Si bien la Ley de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York proporciona una herramienta
importante para luchar contra el abuso de préstamos estudiantiles, nuestros estatutos siguen siendo más débiles que en otros estados.
Para alcanzar el nivel de otros estados, debemos fortalecer nuestras leyes de protección al consumidor ampliando su aplicabilidad y brindando mejores oportunidades de compensación. Como fiscal general, defenderé la legislación que protegerá a los estudiantes de Nueva York de las prácticas abusivas de préstamos.
Juntos, detendremos estas malas prácticas que amenazan con desestabilizar el futuro de una generación.
La defensora pública de la Ciudad de Nueva York, Letitia “Tish” James, se está postulando al cargo de fiscal general del Estado de Nueva York. La elección primaria es el jueves 13 de septiembre.
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