Supervisora del Pueblo de Hempstead promulga ley de reforma ética

Supervisora del Pueblo de Hempstead promulga ley de reforma ética
Laura Gillen, Supervisora del Pueblo de Hempstead. (Foto: Noticia)

 

La supervisora del Pueblo de Hempstead, Laura Gillen, promulgó una legislación ética integral después de la primera introducción y elaboración de la propuesta en septiembre de 2018.

El nuevo código de ética será una declaración exhaustiva de los principios y normas de conducta aplicables a los funcionarios y empleados municipales.

Cabe indicar que el anterior código de ética era severamente anticuado, inconexo y permitió dudosas lagunas que perjudican a los contribuyentes.

«Esta nueva ley elimina muchos conflictos de intereses, posibles conflictos de intereses e incluso la apariencia de impropiedad para aquellos que votan sobre la legislación del Pueblo y tienen poder clave para tomar decisiones», dijo la supervisora Gillen.

«Esta ley de sentido común y que se necesita desesperadamente ayudará a salvaguardar y fortalecer aún más las normas éticas que rigen los asuntos diarios de nuestros funcionarios públicos».

Al asumir el cargo, Gillen intentó revisar la política obsoleta y ponerla en salvaguardas para evitar futuros abusos. Entre los temas abordados en la legislación ética se encuentran nuevas reglas contra los conflictos de intereses y el uso de una posición del Pueblo para beneficio personal o privado.

Si bien la nueva ley es un paso en la dirección correcta, no incluye restricciones al nepotismo en relación con los suegros, algo que al supervisor Gillen apoyó y luchó para incluir, pero fue rechazado por la mayoría republicana.

Tal como está vigente actualmente la ley, los suegros no se consideran parientes y, por lo tanto, no tienen restricciones para supervisarse entre sí. «Para mí es sorprendente que los republicanos en el consejo no vean a sus suegros como parientes», señaló Gillen.

Otras cuestiones que se abordan en el nuevo código de ética del Pueblo de Hempstead son las nuevas regulaciones si los funcionarios electos, los funcionarios designados o los contratistas independientes son condenados penalmente por un delito relacionado con el servicio de su ciudad o si han sido condenados por un delito grave, así como las declaraciones de información financiera anuales revisadas y actualizadas.

 

 

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