Restricciones de visado a extranjeras embarazadas son ‘racistas y crueles’

Restricciones de visado a extranjeras embarazadas son ‘racistas y crueles’. (Foto: EFE/Zayra Mo/Archivo)

 

EFE. Las restricciones anunciadas por el Gobierno del presidente Donald Trump al otorgamiento de visas de turista a mujeres extranjeras embarazadas son «racistas y crueles», dijo Jennifer Conti, integrante de Physicians for Reproductive Health (Médicos por la Salud Reproductiva).

El Departamento de Estado indicó que, a partir de este viernes, no otorgará visas de turista -conocidas como B1 y B2- a mujeres embarazadas que visiten el país «primordialmente por turismo de parto» con el propósito de que sus hijos nazcan en Estados Unidos.

En el período fiscal 2018 el Gobierno de EE.UU. emitió 5,7 millones de visas B1 y B2.

«Como médica estoy completamente horrorizada por la situación de embarazadas que quieran viajar a Estados Unidos», declaró Conti, quien es profesora adjunta de ginecología en la Universidad Stanford, de California. «Esto perjudicará a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, y la medida se basa en una escala hipotética», añadió.

El cambio en las regulaciones para el otorgamiento de visas B1 y B2 «es necesario para fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la integridad de nuestro sistema de inmigración», según un comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca.

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense tienen derecho a la ciudadanía del país, aun si sus progenitores no son ciudadanos.

A los 21 años de edad, esos hijos e hijas tienen derecho a solicitar la residencia permanente legal de sus familiares, algo que los críticos del sistema califican como «inmigración en cadena».

«La industria del turismo de parto amenaza recargar valiosos recursos hospitalarios y está plagada de actividad criminal. La clausura de esta escandalosa brecha en el sistema de inmigración combatirá estos abusos endémicos y protegerá a Estados Unidos de los riesgos para la seguridad nacional creados por esta práctica», sostiene el comunicado.

Asimismo, la restricción de visas para embarazadas «defenderá a los contribuyentes de impuestos para que sus dólares ganados con esfuerzo no se canalicen para financiar los costos directos y futuros asociados con el turismo de parto», según la Casa Blanca.

Conti calificó estas afirmaciones del Gobierno acerca de la magnitud del supuesto «turismo de parto» como de «escala hipotética que usa una táctica manipuladora para satisfacer a sus votantes, y no se sustenta en datos reales».

Un funcionario del Departamento de Estado que explicó los detalles de la medida indicó que «es muy difícil» determinar el número de mujeres que vienen a EE.UU. con el solo propósito de parir en este país, y señaló que el Gobierno no tiene datos tampoco para estimar el costo de esos partos.

Según el funcionario, los oficiales consulares de Estados Unidos en todo el mundo preguntarán a las mujeres si su intención es venir al país solo con el propósito de tener aquí a sus hijos «únicamente cuando tengan razones para creer que ese es el motivo de sus viajes».

«Hay razones para creer que cada año miles de nacimientos» corresponden a esta categoría, «y en años recientes ha habido un incremento», agregó.

En Estados Unidos hay unos cuatro millones de nacimientos cada año y el funcionario no explicó por qué el supuesto «turismo de parto» es un problema grave, ni cuáles son los riesgos para la seguridad nacional que eso implica.

El Centro para Estudios de Inmigración (CIS, en inglés), un grupo de estudio que aboga por políticas de migración restrictivas, calcula que cada año hay unos 33.000 partos de mujeres que llegaron al país con visas de turista y luego se fueron de Estados Unidos, y que cientos de miles de niños más nacen de madres que son migrantes indocumentadas o presentan visas temporarias.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), EE.UU. admite cada año 1,1 millones de migrantes y 79 % de la migración legal se sustenta en las relaciones familiares.

Esta cadena de visas, según DHS, «ha sido la fuente principal de migración legal de personas con baja capacitación, ha deprimido los salarios y las oportunidades de empleo para los trabajadores estadounidenses con los mismos niveles de capacitación».

 

 

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