El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ordenó al registro demográfico y al Departamento de Seguridad Pública que lleven a cabo una revisión e inspección minuciosa de todas las muertes ocurridas desde que azotó el huracán María, hace casi tres meses, «independientemente de lo que diga el certificado de defunción».
Además mandó que se forme un panel de expertos «para examinar nuestros procesos actuales de certificación, de modo que podamos mejorarlos en el futuro».
En un comunicado, recordó hoy explicó que «hemos recibido un análisis de noticias recientes sobre la cantidad de muertes relacionadas al huracán, que alegan pueden ser más alta que el número oficial certificado hasta la fecha».
La cifra oficial de muertos es de 64.
«Esos informes noticiosos utilizaron los datos que proveyó el Registro Demográfico de Puerto Rico; no obstante, el Gobierno necesita investigar si el aumento de las muertes se relaciona directa o indirectamente al huracán María», agregó.
En este sentido, recordó que el Gobierno «no puede incluir una fatalidad en la lista oficial relacionada al huracán basado en un análisis estadístico».
«Cada vida es más que un número y cada muerte tiene información importante adjunta, así como un informe preciso de los hechos relacionados con su fallecimiento. Esa es la ley. Es necesario un proceso legal de certificación por un médico forense o un doctor, y cada familia merece que el caso de su ser querido sea examinado de manera independiente y exhaustiva», remarcó.
En este sentido, detalló que el Gobierno busca el «recuento más preciso y comprender cómo las personas perdieron sus vidas para dar cuenta del impacto de estas tormentas, además de identificar maneras en las que podemos prevenir muertes de antemano en futuros desastres».
«Siempre adelantamos que la cantidad de muertes relacionadas al huracán pudiera aumentar a medida que recibimos más información documentada -no rumores- y esta revisión garantizará que estamos contando a todos correctamente», remarcó.
Por último, recordó que esto «va más allá de números, se trata de vidas: personas reales, con seres queridos y familias. El Gobierno tiene el deber de trabajar con sensibilidad y certeza el proceso de certificación de una muerte relacionada al huracán».
«Como gobernador, la seguridad y el bienestar son mi prioridad. Tanto en preparación para las tormentas como en sus consecuencias inmediatas, mi administración ha dado prioridad al flujo de información y a la transparencia», apostilló.
