Los miles de menores no acompañados que recién llegaron a los Estados Unidos enfrentarán una cuesta arriba para tratar de regularizar su estatus migratorio porque la representación legal es muy costosa, los recursos disponibles son escasos y muchos de ellos carecen de pruebas para demostrar su delicada situación.
Tan solo en los 3 meses pasados un poco más de 46.000 menores no acompañados ingresaron a los Estados Unidos por la frontera sur, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y a esta cifra se tendrán que sumar los miles más que han ingresado en mayo y los que vayan llegando en los próximos meses.
Tras reencontrarse con sus familias o estar bajo la custodia de un patrocinador todos estos menores serán requeridos, en algún momento, por las autoridades federales para definir su estatus migratorio.
El camino que le espera a estos menores es muy «complicado», advierte Jennifer Podkul, vicepresidenta de política y defensa de la organización Niños con Necesidad de Defensa (KIND).
La experta asegura que los menores no acompañados son una población vulnerable para la cual es «prácticamente imposible navegar» por el sistema de inmigración sin asistencia legal. «Es mucho más probable que los niños no acompañados ganen sus casos si tienen un abogado», zanja Podkul.
La necesidad de contar con la asistencia legal se evidencia cuando los menores, las familias o los patrocinadores deben escoger entre las pocas vías que hay para legalizarse.
«Generalmente para menores centroamericanos se opta por escoger entre una solicitud de asilo o la visa Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJ), pero todo depende de las circunstancias y las pruebas que se tengan», explica el abogado de inmigración Fernando Romo.
Para noviembre del 2020, más de la mitad de los niños no acompañados que estaban en el país carecían de representación legal, según un estudio de KIND dado a conocer entonces.
La investigación resalta que esto está lejos de ser un problema nuevo, «la subrepresentación de los niños no acompañados es crónica». Por ejemplo, en el año fiscal 2013 solo el 46 % de los niños no acompañados en procesos de deportación tenían abogados. La cifra empeoró en 2014, con solo el 14 %.
«Los abogados no pueden hacer todos sus casos pro-bono y las organizaciones no dan abasto. Estos son procesos que duran años, y que no siempre se ganan», explica Romo principal asesor de ASOSAL.
El jurista añade que, de acuerdo a su experiencia, la mayoría de casos no cuentan con las pruebas necesarias para construir la defensa, y se necesitan recopilar documentos, y echar mano de expertos en el tema que sean admitidos por las cortes. A esto se suma que una gran cantidad no pueden ni siquiera testificar a su favor.
Infantes en las Cortes
La situación para miles de los pequeños se agudizó bajo la administración del expresidente Donal Trump (2017-2021) porque el Gobierno realizó cambios que obstaculizaron el proceso, según los activistas y expertos.
El gobierno del republicano estuvo en el ojo del huracán cuando infantes fueron llevados frente un juez de inmigración, algunos sin un abogado que defendiera sus intereses.
Al menos 70 pequeños menores de 1 año se presentaron en los tribunales de inmigración y enfrentaron solos sus propios procesos de deportación entre octubre de 2017 y junio de 2018, según datos del Departamento de Justicia proporcionados a Kaiser Health Noticias.
El complejo asunto ha estado rondando los pasillos de la Casa Blanca, y el presidente Joe Biden ha firmado un memorando la semana pasada ordenando al Departamento de Justicia (DOJ) emprender acciones restaurando la «Oficina de Acceso a la Justicia», desmontada por Trump.
- Más de Inmigración : USCIS anuncia 10 millones para organizaciones que promuevan la ciudadanía
