Después de que el gobierno de Donald Trump arrebató el pasado viernes la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) a 55.000 hondureños que viven en los Estados Unidos y les dio hasta enero de 2020 para regresar a su país o buscar el modo de regularizar su situación migratoria, la reacción ante esta dura medida no se hizo esperar.
Numerosos inmigrantes hondureños beneficiarios del TPS y activistas reclamaron enfrente de la Casa Blanca en Washington D.C. por una solución para arreglar su estado migratorio con el fin de mantener seguras a sus familias que en muchos casos incluyen a hijos estadounidenses.
«Llevo aquí desde el 94 con mi familia. (Esta decisión) nos afecta mucho a nuestras familias y economía, tenemos que encontrar una salida para resolver este problema», dijo preocupada Santos Reyes, una trabajadora de limpieza que se concentró ante la residencia presidencial.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el fin del programa migratorio que permitía a miles de hondureños residir y trabajar en EEUU, aunque la suspensión no se hará efectiva hasta dentro de 18 meses, el 5 de enero de 2020, para favorecer una «transición ordenada», según indicaron las autoridades.
«Son personas que llevan más de 20 años aquí con sus familias, que tienen negocios o trabajos, que pagan sus impuestos. El presidente les está diciendo: ustedes no son bienvenidos», apuntó Gustavo Torres, director de la organización CASA Maryland, recalcando que eliminar este programa significa «un mensaje de odio» hacia la comunidad inmigrante por parte de la actual Administración.
El riesgo de regresar
Activistas consideran que si finalmente los inmigrantes que pierden el TPS tienen que regresar a Honduras esto pondría en riesgo la vida de muchas familias, incluyendo sus hijos nacidos en EE.UU.
«Honduras es uno de los países donde más violencia hay en el continente, es el país tal vez mas violento del mundo entero. Hay violencia política, económica y también de pandillas», espetó Torres.
A pesar de esto, el gobierno de Trump ha insistido en que el TPS fue otorgado a Honduras por el huracán Mitch en 1999 y que los efectos de ese desastre han sido resueltos. No obstante «la última carta» de los hondureños pasa porque el Congreso estadounidense apruebe alguna legislación que les permita quedarse aquí de manera legal.
Los manifestantes congregados coincidieron en que este alivio migratorio ha dejado de tener un carácter temporal para muchos de los beneficiarios, que llevan más de dos décadas viviendo en el país. Por ese motivo, aseguraron que se han ganado el derecho de seguir residiendo en esta nación por su esfuerzo y contribución a la sociedad.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca ha terminado con el TPS de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal. Cabe indicar que según últimos reportes, el mandatario en 15 meses ha eliminado el permiso de estadía y protecciones legales a más de 1 millón de inmigrantes.
