Grupos de inmigrantes reclamaron que las autoridades del estado de Nueva York vuelvan a asignar fondos para los trabajadores indocumentados que fueron excluidos y no recibieron ayuda durante la pandemia debido a su estatus legal, convirtiéndose así en los más golpeados por la crisis causada por el COVID-19.
Los eventos de protesta pacífica se llevaron a cabo de forma coordinada tanto en la ciudad de Nueva York como en Long Island, Westchester, Albany, Hudson Valley y Syracuse.
Trabajadores, aliados de la comunidad y funcionarios locales hicieron un llamado a la gobernadora Kathy Hochul y a la legislatura estatal para fortalecer la red de seguridad para estos trabajadores que cumplen labores esenciales para la comunidad.
Vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas u obreros de construcción paralizaron por varios minutos el tránsito frente a la oficina de Hochul en el centro de NYC en reclamo de los 3 mil millones de dólares que han pedido para el Fondo de Trabajadores Excluidos, creado el año pasado para aquellas personas afectadas por la pandemia que no fueron beneficiarias de las ayudas del Congreso federal.
Asimismo, se pide establecer una alternativa permanente al seguro de desempleo para los trabajadores excluidos.
Reclamos en NYC
Bajo la vigilancia de un nutrido grupo de policías, los inmigrantes, que portaban una pancarta gigante en forma de paracaídas, gritaban a Hochul desde la calle «esenciales por siempre, excluidos nunca más», bajo la mirada de los conductores atrapados y de curiosos transeúntes.
Luego de unos 5 minutos, y bajo la advertencia policial, los inmigrantes se trasladaron a la entrada de las oficinas de Hochul, donde formalizaron sus reclamos.
Cabe indicar que la gobernadora presentó el pasado martes el nuevo presupuesto del estado pero no incluye esa nueva partida que podría alimentar el Fondo ya agotado de 2.100 millones de dólares, el más grande de la nación.
Las solicitudes se comenzaron a recibir en agosto pero en octubre se quedó sin fondos tras distribuir en solo tres meses los 15.600 dólares por familia destinados al pago del alquiler y otras deudas acumuladas por los indocumentados debido a la pérdida de sus ingresos.
Se estima que 50.000 familias quedaron sin recibir ayuda, y su situación que se agrava ya que el 15 de enero concluyó la moratoria sobre los desalojos. Una de las afectadas es la mexicana Socorro Martínez, cuyo esposo, un obrero de construcción, no ha podido volver a trabajar porque el Covid afectó sus pulmones.
Ella, su marido y sus tres hijos resultaron contagiados por el virus. «Mi esposo estuvo tres semanas en el hospital», recordó la mujer, que limpia casas tres veces a la semana para pagar 700 dólares mensuales por dos dormitorios que alquilan a una familia mexicana. «Mi familia depende de mis ingresos», y de los cupones de alimentos, afirmó Socorro.
Los trabajadores indocumentados portaban carteles con mensajes como «esenciales por siempre», «Hochul, si luchamos ganamos», «se necesitan tres mil millones» o «los inmigrantes son esenciales».
Otras reclamaciones de este grupo incluyen que se otorguen permisos para vendedores de la calle, que enfrentan el decomiso de su mercancía y mil dólares de multa por no tener autorización para este trabajo con el que sostienen a sus familias, se cree seguro de salud y se establezca un salario fijo para los trabajadores que viven de las propinas.
Al igual que Martínez, el boliviano Wilfredo Zavala está entre los que quedaron sin ayuda ante la escasez de fondos. Zavala, que emigró hace 10 años y se ha dedicado a todo tipo de trabajos, perdió su empleo en la construcción durante la pandemia: «La pandemia me cayó muy pesada, mi economía se vino abajo y me vi en la necesidad de solicitar el Fondo de Trabajadores Excluidos, pero lamentablemente se acabaron los fondos y no hubo para mí», declaró. Los inmigrantes movemos económicamente a este país y no es justo que seamos excluidos», agregó.
Reclamos en Long Island
Cabe indicar que el Fondo de Trabajadores Excluidos ha ayudado a cientos de miles de neoyorquinos y sus familias a recuperarse nuevamente.
En Long Island, casi 15,500 excluidos se beneficiaron del fondo en 2021, aportando $228 millones a los condados de Nassau y Suffolk, y ayudando a la recuperación de la región. Pero en dos meses, el fondo se agotó dejando a miles de trabajadores aún sin ayuda por la pandemia.
Por eso el 19 de enero, los trabajadores excluidos, sus aliados comunitarios y políticos se reunieron en conferencia de prensa en el Ross Memorial Park, en Brentwood, para pedir a la gobernadora Hochul y a los legisladores estatales que terminen el trabajo que comenzaron para reponer el fondo con $3 mil millones de dólares y establecer una reparación permanente de la red de seguridad para que los más vulnerables, los trabajadores indocumentados en el estado neoyorquino no sean excluidos nunca más.
En la manifestación participaron el legislador del condado de Suffolk, Sam González, y diversas organizaciones como Long Island Jobs With Justice, Sepa Mujer, el sindicato RWDSU/UFCW Local 338, National Day Laborer Organizing Network (NDLON), Central Nassau Guidance and Counseling Services, Centro Corazón de María, Economic Opportunity Council Of Suffolk Inc, Empire Justice Center, Freeport Worker Justice Center, HAFALI, Rural & Migrant Ministries y Workplace Project.
«Yo voy a seguir peleando, voy a seguir trabajando … Muchas gracias a Long Island, a Jobs With Justice, Sepa Mujer, la 338, y a todos ustedes que están aquí peleando y trabajando por nuestra comunidad, por nuestras familias, por nuestros hijos… no recibir estos fondos es algo tan malo», declaró el legislador González, de herencia puertorriqueña.
«Hoy estamos aquí no solo en Brentwood sino en todos lados para decir lo que nosotros nos merecemos», apuntó.
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