El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, es una de las personalidades públicas que se muestra más contraria ante el programa migratorio de Acción Diferida (DACA), aunque organizaciones como MALDEF critican sus intentos de “desinformar” sobre la situación de este programa. El pasado mes de mayo, una coalición de siete estados, liderados por Texas, demandó al Gobierno del presidente, Donald Trump, por haber continuado con dicha iniciativa, que protege de la deportación a 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños.
Sin embargo, en una reciente intervención en una televisión local texana, Paxton afirmó que el caso planteado ante un tribunal no era una amenaza para los actuales beneficiarios de DACA, sino solo para los nuevos candidatos potenciales futuros.
“Esta fue una atroz demostración de incompetencia o una asombrosa disposición a mentir descaradamente. En su demanda, Texas desafía el programa en su totalidad, incluida la búsqueda de detener cualquier renovación para los destinatarios actuales”, manifestó el presidente de MALDEF, Thomas A. Saenz.
El directivo insistió en que si su verdadero objetivo es detener nuevas aplicaciones, Paxton retiraría la solicitud de Texas de una orden judicial preliminar pero, en cambio, “no ha hecho nada”.
Los “soñadores”, jóvenes amparados por la Acción Diferida, esperan con gran expectativa el fallo que debe emitir el juez federal Andrew Hanen, ya que si da la razón a la coalición de siete estados produciría una encrucijada legal que previsiblemente tendría que dirimir el Tribunal Supremo.
