Debido a un anticuado límite en la cantidad de licencias y permisos otorgados a los vendedores ambulantes, es casi imposible ingresar a la industria legalmente, criminalizando a miles de microempresarios, incluida a Diana Hernández Cruz, una vendedora ambulante del Bronx que debe operar sin un permiso, aunque no por falta de interés en obtener uno.
La madre soltera hispana había tratado previamente de solicitar un permiso de vendedor ambulante de alimentos, pero se le negó. Recientemente, el Departamento de Saneamiento (DSNY -en inglés) después de ignorar sus súplicas, le destruyó miles de dólares en mercancía.
“Llevo 5 años trabajando aquí en el calor, en la nieve, para mantener a mis hijos. Soy madre soltera. Me indigné mucho el día que el Departamento de Saneamiento tiró cajas de frutas y verduras de mi puesto, fue muy injusto. Yo estuve aquí presente, les dije que no tiraran la comida, pero de todos modos lo hicieron”, dijo Hernández Cruz a través de un traductor.
Después de que un video mostrara como su pequeño negocio había sido confiscado injustamente, decenas de vendedores ambulantes, residentes del Bronx y funcionarios electos se manifestaron en solidaridad para apoyar a Hernández Cruz el 26 de septiembre.
Defensores y funcionarios electos exigieron que los vendedores ambulantes tuvieran la oportunidad de formalizar sus negocios, mientras que los miembros de la comunidad protestaron por el desperdicio de alimentos y el trato injusto a una pequeña empresa del vecindario.
En la conferencia de prensa, vendedores ambulantes del Proyecto de Vendedores Ambulantes del Centro de Justicia Urbana, junto con la asambleísta Nathalia Fernández, el senador estatal Jamaal Bailey, el defensor público Jumaane Williams, la concejal Vanessa L. Gibson, la candidata demócrata para el distrito 13 del consejo de la ciudad de Nueva York, Marjorie Velázquez, Community Service Society of New York y Women in Hospitality United exigieron que los vendedores ambulantes sean tratados con respeto y que se les brinde la oportunidad de formalizar sus negocios, creando un camino empresarial para los neoyorquinos principalmente inmigrantes, mujeres y veteranos militares que administran las empresas de venta ambulante.
«Lo que sucedió el jueves es un ejemplo del fracaso de la ciudad en varios niveles. La ciudad ha fallado a los vendedores ambulantes durante décadas y todavía les está fallando hasta este momento», dijo Mohamed Attia, director gerencial del Proyecto de Vendedores Ambulantes del Centro de Justicia Urbana. «A medida que la ciudad se recupera de la pandemia, debemos tomar medidas serias para ayudar a nuestros negocios más pequeños en lugar de criminalizarlos y confiscar sus mercancías. El gobierno estatal debe intensificar y aprobar la Ley de Legalización de Vendedores Ambulantes para solucionar este problema inequitativo».
El proyecto de ley en la legislatura estatal patrocinado por la senadora estatal Jessica Ramos y la asambleísta Jessica González-Rojas formalizaría y despenalizaría la industria de la venta ambulante al eliminar la barrera actual de entrada para que los vendedores puedan obtener permisos para operar su negocio de acuerdo con la Ley.
Actualmente, solo hay 853 licencias en total para vendedores de mercancías, y para 2032 habrá 9,000 licencias de supervisión disponibles para vendedores ambulantes de alimentos. La lista de espera para cada tipo de licencia tiene miles de nombres, actualmente tan larga, que ha estado cerrada por más de una década.
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