El mismo día en que se cumple el plazo para que los «soñadores» elegibles puedan renovar su amparo bajo la Acción Diferida (DACA), defensores de los inmigrantes aumentan la presión para que el Congreso no deje en el limbo migratorio a cientos de miles de jóvenes indocumentados.
«Ahora comienza la verdadera presión. Vamos a trabajar en diversos frentes y no solo vamos a cuidar de los ‘soñadores’ sino de toda nuestra comunidad indocumentada, todos los días van a escuchar de nosotros», advirtió en declaraciones a Efe Iván Ceja, director y fundador de Undocumedia.
Tanto «soñadores» como activistas emprendieron una carrera contrarreloj desde que la Administración del presidente Donald Trump anunciase hace justo un mes el fin de DACA y otorgase 30 para que cerca de 154.000 «soñadores», de los 690.000 protegidos en la actualidad, pudieran renovar su amparo.
«Si este plazo arbitrario y cruel para que los jóvenes inmigrantes renueven su aplicación ha dejado a miles y miles de ‘soñadores’ sin protección contra la deportación, se debe recordar a los miembros del Congreso que deben tomar medidas», dijo Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
De acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DSH), hasta el martes unos 106.000 de los 154.000 inmigrantes elegibles para renovar su permiso de DACA habían enviado su aplicación, de los cuales unos 58.000 las enviaron antes del 5 de septiembre.
La Casa Blanca instó al Congreso a que antes de seis meses halle una solución permanente para que los cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo unos niños puedan tener un estatus legal en el país.
Y lo hizo bajo la amenaza de que el 5 de marzo de 2018 estos inmigrantes comenzarían a perder el amparo migratorio temporal que les dio el expresidente Barack Obama en 2012 a través de DACA.
«Están pasándose la bolita, dudo que realmente quieran hacer algo con nosotros» aseguró Maritza García, una «soñadora» que logró estos días renovar su permiso de trabajo por dos años más.
Para Roger Rocha, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el trabajo de cabildeo en el Congreso será intenso aunque, como siempre, dependerá de la voluntad de los legisladores.
«Nosotros lo único que haremos es dar recomendaciones y estaremos vigilantes pero, como en la propuesta de reforma de (John) McCain y (Ted) Kennedy de hace una década, todo se puede venir abajo», dijo a Efe en tono preocupado.
LULAC y Voto Latino, entre otras organizaciones, piden hoy a ambas cámaras del Congreso que aprueben cuanto antes la legislación, mientras otros grupos optaron por visitar a los congresistas, especialmente republicanos, para instarles a apoyar a una propuesta que no perjudique a los padres de estos jóvenes y que les permita un camino a la ciudadanía.
En Los Ángeles, una veintena de activistas cortó la intersección de dos importantes avenidas, frente a un edificio federal para protestar por la situación.
United We Dream, la organización de jóvenes indocumentados más notoria en el país, se enfocó hoy en resaltar que los «soñadores» no son un botín político y que se necesita una legislación «limpia» que no incluya otras medidas que afecten a la comunidad, como reforzar la seguridad fronteriza o la construcción del muro con México.
«No podemos dejar que nos usen para ir en contra de nuestra propia comunidad o nuestros padres. El mensaje es claro: queremos un Dream Act limpio», apuntó Sheridan Aguirre, miembro de United We Dream.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también se pronunció hoy en esta materia y advirtió que el país perderá un gran capital al exponer a la deportación a miles de estos jóvenes.
«Los miembros del Congreso deben elegir un lado: o usted se coloca con los ‘soñadores’ o es cómplice en cualquier deportación de estos jóvenes y de la expulsión del país que llaman hogar», aseveró Lorella Praeli, directora de políticas de inmigración de ACLU.
Este miércoles, el senador republicano Lindsey Graham y su homólogo demócrata Dick Durbin aseguraron que la Cámara alta trabaja ya por hallar una solución bipartidista.
Ambos legisladores forman parte del Comité Judicial del Senado, que trabaja en redactar una propuesta de ley que pueda ser aprobada por el Congreso antes de que el programa sea suspendido en marzo próximo.
«Este es el primer paso de un camino para que podamos lograr finalmente una reforma migratoria, de esto depende cómo vamos a poder negociar un paquete que incluya a los demás», consideró Rocha sobre la importancia de esta legislación que dé permiso de residencia permanente a los «soñadores.
