Miles de inmigrantes en alerta por la propuesta de ‘carga pública’ del gobierno

Miles de inmigrantes en alerta por la propuesta de 'carga pública' del gobierno

La dura política anti inmigrante de Trump provoca temor y confusión en familias inmigrantes, que lo ven como una nueva amenaza de deportación. EFE

 

La propuesta del presidente Donald Trump de cambiar la regla de carga pública, que ha regido durante más de cien años para las personas que reciben ayuda del Gobierno, provoca temor y confusión entre las familias inmigrantes, que lo ven como una nueva amenaza de deportación.

Entre ellas se encuentra Elsa, una uruguaya que tiene dos hijos ciudadanos, uno de ellos discapacitado, que reciben atención médica a través del programa Medicaid, además de ayuda para la alimentación. “Siento terror de perder los beneficios, pero también de que un día se aparezca inmigración en mi casa y se termine para todos en mi familia el ‘sueño americano'”, declaró.

Elsa, que es indocumentada, podría encontrarse en la disyuntiva de tener que rechazar la ayuda gubernamental que tanto necesitan sus hijos, si en algún momento intenta regularizar su estatus, pero el mismo miedo lo sienten muchos inmigrantes con los papeles en regla.

Según el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 10 de octubre, lo que se buscaría es dificultar a los inmigrantes la obtención de la residencia permanente (“green card”) si se benefician de cupones de alimentos, atención médica gratuita o ayuda en efectivo, pues serían vistos una “carga pública” para el estado.

 

Renuncian a beneficios

 

La primera reacción de los inmigrantes con hijos ciudadanos ha sido renunciar a los beneficios casi en masa, poniendo en riesgo la atención médica y la alimentación de esos niños que, en su mayoría, viven por debajo de la línea de pobreza y necesitan ayuda.

La mitad de las 130 organizaciones que integran la coalición ICIRR ayuda a familias inmigrantes a obtener recursos, y todas han informado sobre una retracción en las solicitudes de cupones de alimentos, al igual que subsidios para medicamentos de receta, vivienda pública y ayuda para pagar la renta. El impacto lo han sentido los bancos de alimentos de 18 estados, entre ellos Nueva York, California, Texas, Florida e Illinois.

Un estudio realizado por el Centro Médico de Boston señala que 35.000 madres que recibían cupones de alimentos a través del programa federal SNAP se dieron de baja recientemente y la cifra aumenta.

Esta fuga se produce no porque haya habido cambios en las reglas de elegibilidad sino por el temor existente entre las familias sobre las potenciales repercusiones de esa ayuda en sus futuros planes de legalizar su situación migratoria.
La mayoría de los usuarios de cupones de alimentos son ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños y ancianos.

Unos 9 millones de usuarios son inmigrantes legales o niños ciudadanos con padres nacidos fuera del país.
Estimaciones del DHS anticipan que el 2,5 % de los inmigrantes que viven en los EE.UU, más de 500.000 personas, podrían borrarse de programas públicos debido al cambio propuesto.

Gran parte de la confusión se debería a la mala información que circula entre las diferentes comunidades de inmigrantes, donde se ha llegado a afirmar que el Gobierno estaría listo para negar la residencia a quienes soliciten beneficios. “Esto es equivocado, solamente hay una propuesta para cambiar la regla”, afirma Dagmara López de ICIRR.

 

 

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