El cierre parcial del Gobierno federal está dejando al borde de la deportación a decenas de inmigrantes que esperaban presentar sus casos frente a un juez de inmigración y no pudieron cumplir con los plazos impuestos por las cortes, advirtieron abogados de todo el país.
Los inmigrantes más afectados son aquellos que por ley dependen de una fecha específica para que sus casos sean aceptados, como solicitantes o peticionarios que cumplen 21 años en medio de la espera y sus casos ya no son admisibles.
«El cierre de la corte no es una excusa legal para poder pelear estos casos», sostiene el abogado de inmigración Alex Gálvez.
Patricia Ortíz, directora de Esperanza Immigrant Rights Project, organización que representa a decenas de inmigrantes que ingresaron siendo menores de edad, dijo que están muy preocupados de cómo el cierre va a impactar los casos de estos jóvenes que en muchos casos cumplen la mayoría de edad esperando ver a un juez.
Otros afectados son los solicitantes de asilo que tienen un límite de tiempo específico para presentar sus casos frente a un juez.
Victor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), representa a una familia mexicana que fue directamente impactada por el cierre del Gobierno.
La familia, que ingresó de forma indocumentada al país el año pasado tras ser amenazados a muerte por un grupo criminal, tenía una carrera contra el reloj para poder presentar su caso de asilo político ante un juez en California.
La audiencia estaba programada para el 27 de diciembre en la corte de San Francisco, pero al igual que cientos de inmigrantes alrededor del país se toparon con las puertas cerradas y sin quien escuchara su petición de asilo.
«Es un caos, abogados en todo el país estamos tratando de encontrar estrategias legales para salvar a nuestros clientes de la deportación», explicó Nieblas.
El Gobierno de Trump afronta desde el 22 de diciembre el cierre del 25 % de la Administración, situación que afecta a unos 800.000 empleados que han dejado de percibir su salario y ha trastocado el funcionamiento de distintas agencias y departamentos, como el de la justicia, lo que provoca un mayor atasco de casos en las cortes migratorias, que ya supera los 800.000 pendientes.
En Texas, la abogada Ruby Powers explicó a Efe que varios de sus clientes afectados seguramente tendrán que esperar hasta el año 2022 para poder presentarse frente a un juez.
Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, calificó de «tremendo» el impacto en unas cortes ya «sobrecargadas y mal administradas».
La jueza explicó que estima que unas tres cuartas partes de los jueces han suspendido sus labores, y que las audiencias con los magistrados son reservadas con años de anticipación, y que cuando se cancela un día de esta programación «esos casos a menudo tienen que ir al final de la línea, causando perjuicio a todas las partes».
Los casos de los inmigrantes que se encuentran confinados en centros de detención de inmigración son los únicos que están siendo escuchados por los jueces.
A pesar de la ausencia generalizada de jueces, a la que se suma la todo el personal administrativo, Galvez recomienda que los inmigrantes se presenten ante la corte y traten de certificar que se presentaron.
«Aquí dependemos de la decisión del juez, así que hay que demostrar que el incumplimiento no fue del inmigrante», recalcó.
Por todo ello, Tabaddor dijo que el impacto del cierre de Gobierno demuestra la necesidad de que las cortes de inmigración dejen de estar bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia y se les dé una verdadera independencia para «ser consistente con los principios judiciales estadounidenses».
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